La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México y los desplazamientos cotidianos de sus habitantes

La Ley de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en mayo de 2022, establece una jerarquía que coloca en primer lugar a los usuarios del transporte no motorizado en las decisiones de planeación. Esta norma aplica a la distribución del espacio vial y a las medidas de seguridad en toda la ciudad, e incide directamente en el acceso de peatones y ciclistas a centros de trabajo, mercados e instalaciones comunitarias.

El Plan Estratégico de Movilidad de 2019 complementa la ley al orientar los esfuerzos hacia la redistribución del espacio vial en favor de modos de transporte sustentables. Busca también conectar todos los sistemas de transporte público mediante la Tarjeta de Movilidad, que permite a los usuarios hacer transbordos entre distintos medios sin realizar pagos por separado al desplazarse hacia sus empleos o para acceder a servicios esenciales.

Modernización de la red y cambios en el servicio

La Ciudad de México lleva a cabo trabajos de modernización a través de UNOPS en tramos de la red que tienen 50 años de antigüedad. Las obras incluyen la adquisición de nuevos trenes para el Metro y 118 autobuses nuevos, con el objetivo de incrementar la capacidad total en un millón de pasajeros diarios. Los habitantes que dependen de estas rutas para trasladarse habitualmente a sus empleos o instituciones locales experimentarán cambios en la frecuencia del servicio y en la disponibilidad de vehículos conforme avancen las obras.

La ciudad tiene como meta la electrificación total de su flota de autobuses para 2035. Al cierre de 2024, más de 500 autobuses eléctricos —equivalentes al 5 por ciento de la flota— operan en el sistema de Metrobús, que cuenta con 140 kilómetros de red. Estos vehículos circulan por los corredores que los capitalinos utilizan a diario para desplazarse entre sus colonias y sus centros de trabajo.

Presupuesto asignado y fases futuras

Entre 2019 y 2022 se destinaron aproximadamente 110 mil millones de pesos —unos 5,500 millones de dólares— a proyectos de infraestructura de transporte y mantenimiento. Estos recursos respaldaron los esfuerzos de modernización e integración descritos en los documentos de política pública.

Se prevé que las etapas siguientes de los planes mantengan el enfoque en modos sustentables y en la electrificación de la flota. Los habitantes pueden esperar nuevos ajustes en rutas y tarifas conforme avancen estas fases, dentro del marco establecido por la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y el Plan Estratégico de Movilidad.